5 oct 2012

Tras el engaño de Zoido, la Corrala Utopía apelará a la ONU en defensa de sus derechos

El Alcalde de Sevilla rompe en menos de 24 horas el acuerdo alcanzado con su Jefe de Gabinete, Alberto Díaz



A Juan Ignacio Zoido, Alcalde de Sevilla, le han bastado menos de 24 horas para incumplir las promesas y el acuerdo que ayer alcanzaron las vecinas de la Corrala Utopía con Alberto Díaz, su Jefe de Gabinete. Ayer un grupo de varias vecinas de la Corrala entró en el edificio consistorial y se dirigieron al despacho del Alcalde para comunicarle que no se moverían de allí hasta reunirse con él. Apareció entonces Alberto Díaz, que se presentó como Jefe de Gabinete de Zoido y con capacidad y poderes para negociar con las vecinas allí personadas. Después de más de una hora de reunión, Alberto Díaz se comprometió a que hoy mismo a partir de las 8:00 operarios de EMASESA restituirían el suministro de agua al edificio. Asimismo, se fijó una reunión a las 9:00 en la sede de EMASESA (C/Escuelas Pías) para abordar la posible instalación de un contador de agua colectivo para que los vecinos y vecinas pudieran pagar el agua que consumieran. A cambio Alberto Díaz pidió a las vecinas que no se siguiera desprestigiando la imagen de Juan Ignacio Zoido, según sus propias palabras "porque ahora como Presidente del PP Andaluz era más vulnerable a críticas".

Esta mañana, sin embargo, Zoido y el Ayuntamiento de Sevilla han incumplido sus compromisos. No han llegado los operarios de EMASESA a las 8:00 y cuando las vecinas han acudido a la reunión con EMASESA las promesas realizadas se habían olvidado completamente por parte de la empresa municipal de aguas. EMASESA ha intentado pasar la pelota al tejado de la Consejería de Consumo de la Junta de Andalucía, afirmando que era la institución competente. La Consejería de Consumo ha contestado a lo largo de la mañana de hoy a la propia EMASESA que es el Ayuntamiento de Sevilla la administración competente pero que, aún así, es partidaria de que se solucionen los problemas de agua de las vecinas de la Corrala Utopía por la situación de emergencia social que viven. El propio reglamento en vigor prevé situaciones de excepcionalidad en la aplicación del reglamento en vigor por situaciones de emergencia. Es más, en el escrito de la Consejería se informa al Ayuntamiento que el propio Consistorio ya ofrece servicio de agua a zonas de la ciudad cuyos habitantes están en situación irregular y en situación de emergencia social, sugiriéndoles que hicieran en este caso lo mismo.

EMASESA, sin embargo, ha optado por ofrecer en un primer momento como solución al problema la apertura de una boca de riego con agua no potable durante una hora al día. Esta solución ha sido rechazada por las vecinas, que aspiran a conseguir un acuerdo digno para 36 familias entre las que hay niños, ancianos y enfermos. Posteriormente, sin comunicárselo ni siquiera a las vecinas con las que estaban reunidas, EMASESA se ha personado en las inmediaciones de la Corrala Utopía para instalar una fuente pública. El hecho más absurdo de todo lo acontecido durante los últimos días es que EMASESA y el Ayuntamiento de Sevilla se han gastado varios miles de euros en cortar el suministro de agua al inmueble para, posteriormente, instalar una fuente pública. Hubiera sido mucho más sencillo instalar un contador y permitir así que las familias pudieran pagar, como han reivindicado desde el primer momento, por el agua que consumen.

Por todo ello, y ante la actitud del Consistorio, la Corrala Utopía ha decidido apelar a la ONU para hacer valer sus derechos. El acceso al agua potable es un derecho reconocido internacionalmente. Por ello, en la próxima semana se presentará una carta-denuncia a las Relatorías de Vivienda y Acceso al Agua de la Organización de Naciones Unidas. Esta carta-denuncia será presentada públicamente los primeros días de la próxima semana. Los contactos internacionales que la Corrala Utopía ya ha mantenido con la propia ONU facilitarán que este escrito sea admitido y se abra un expediente para analizar los problemas de vivienda y de acceso a derechos básicos que tienen numerosos ciudadanos en nuestro país.

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